Al margen de otros trágicos aspectos y del desastre económico que ha significado para muchas familias, este año de pandemia ha supuesto una revolución en nuestras casas (también lo ha sido en nuestras ciudades, pero eso es otra historia).
Esta revolución ha venido de la mano de los nuevos usos que estamos haciendo de nuestras casas, no solo por el teletrabajo y las videoconferencias, también por la educación en casa, el deporte en casa, el ocio en casa e, incluso, ¡la alta repostería en casa!
Esta revolución ha motivado el aumento en las solicitudes de presupuestos de reforma de vivienda que algunos han llegado a cifrar hasta en un 45%. Como si no estuviéramos avisados de lo que ya venía ocurriendo cuando ya salíamos de la crisis del 2008, este boom de la reforma nos pilla, de nuevo a todos, sin los deberes hechos.
Actualmente, con la que está cayendo en el sector del turismo, la construcción ha pasado a ser el principal motor de la economía española. Una parte importante del negocio de este sector está en la rehabilitación y la reforma de viviendas. Sin embargo, si hay algo que caracteriza a las reformas de las viviendas son los pagos en “B” y los trabajadores sin papeles.
Las reformas en las viviendas son también el destino de un importante porcentaje de los créditos personales que concede la banca, sin información alguna sobre el proyecto ni aseguramiento.
Todos los días llegan a nuestro gabinete noticias sobre la falta de profesionalidad de las empresas de reformas y la poca cualificación de los destajistas.
¿Cuál es el problema?
¿Por qué los usuarios, ante una inversión tan importante, siendo su conocimiento técnico limitado o nulo, en la mayoría de las veces se fían solo del presupuesto sin desglose que les ofrece el reformista? ¿Por qué estas personas confiadas se lanzan a poner su casa patas arriba sin un proyecto, sin una planificación económica, sin un plazo cierto o sin la certeza de que la tarima que han visto en Instagram para su cocina resiste la humedad?
¿Por qué la banca desprecia toda la información que podría escudriñar de todos los proyectos que financia? ¿Por qué las aseguradoras no van de su mano ofertando sus servicios para estas intervenciones? ¿Por qué las haciendas municipales y la Seguridad Social se pierden la oportunidad de fiscalizar esas operaciones?
En definitiva, ¿por qué no intervienen en estas obras los profesionales mejor cualificados para gestionar la producción de la edificación? Me refiero a los arquitectos y arquitectos técnicos, que son los únicos acreditados para auditar el proceso completo.
Parece que todos esos agentes perciben la actuación de los arquitectos y arquitectos técnicos como algo superfluo, caro, abstracto o poco accesible, en un contexto de especulación, de economía sumergida y de falta de cualificación profesional, en un sector cada vez más “liberalizado”.
Mientras la ciencia resuelve esas incógnitas, en Grupo GAB, lejos de perder el ánimo, nos empeñamos en cambiar esa percepción. Para eso hemos creado Racor Soluciones, una plataforma mediante la cual aspiramos a poner en valor la figura del profesional titulado que asesora, arbitra y da fe cuando se reforma y también cuando se construye, compra o alquila un inmueble.
En www.racorsoluciones.es encontraréis un modelo de servicio sistematizado que conjuga un sistema experto para las actuaciones tipo más comunes en el ámbito de la edificación. Espero que le echéis un vistazo y que me trasladéis vuestras sugerencias o incluso, vuestro interés por participar en el proyecto.
José Eizmendi Lázaro*
Perito en GAB Centro de Peritaciones (Madrid)
*Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, con más de 20 años de experiencia como representante de la Propiedad, Dirección Facultativa, Proyectista o Jefe de Obra. Además, desde hace 10 años, es perito, auditor y asesor técnico en el sector de la construcción.